La eurodiputada abordó el cambio regulatorio vinculado a la normativa Euro 7, que ella misma ha contribuido a crear, en el contexto de las elecciones europeas.
Coincidiendo con que el Pleno del Parlamento Europeo respaldó ayer, miércoles, la propuesta de reglamento conocido como Euro 7, y que permitirá reducir las emisiones de coches, furgonetas, autobuses, camiones y remolques, recordamos la participación de la eurodiputada Susana Solís en Faconauto 2024, la mayor fiesta de la distribución oficial de nuestro país. La ingeniera industrial y diputada del Parlamento Europeo nos habló acerca del cambio regulatorio vinculado a la normativa Euro 7, que ella misma ha contribuido a crear, en el contexto de las elecciones europeas, convocadas en junio.
Su intervención giró en torno al impacto y el origen de la Euro 7, una temática candente en la actualidad, marcada por la “sobreregulación en Europa y la imposición de cambios tecnológicos”, como la prohibición de los coches de combustión fijada para 2035.
Solís, quien comenzó su carrera trabajando con pilas de hidrógeno en Alemania, destacó la importancia de que “los españoles legislen para España, pues esto garantiza un enfoque más cercano a las necesidades del país”. Además, hizo hincapié en cómo la normativa Euro 7 ha sido resultado de diversos factores, desde el ‘Green Deal’ hasta el ‘Objetivo 55’, pero también señaló la falta de incentivos, cargadores y demanda en España en comparación con otras potencias como China y Estados Unidos.
La eurodiputada subrayó que la Euro 7 representa un cambio tecnológico “impuesto por la regulación”, lo que plantea desafíos significativos. A pesar de los avances, destacó la necesidad de mejorar la seguridad jurídica, las baterías y las emisiones. En este sentido, enfatizó la importancia de “contar con representantes españoles en las negociaciones, quienes comprenden mejor la realidad nacional y abogan por un enfoque más equilibrado”.
Asimismo, remarcó que Europa, en la actualidad, enfrenta desafíos de competitividad y autonomía estratégica, y que “las decisiones legislativas deben priorizar el apoyo al ciudadano y promover entornos amigables con seguridad jurídica en lugar de imponer prohibiciones”.
